Ciudad de Buenos Aires: el gobierno de Macri y la política del desalojo
Cuando la vivienda
es una mercancía
Expulsión:en dos años, la población porteña que vive en la calle pasó de dos mil a 20 mil personas. En octubre de 2008 el gobierno de Mauricio Macri creó la Unidad de Control del Espacio Público (Ucep). Este organismo ha sido denunciado en la Defensoría del Pueblo, en la Legislatura de la ciudad y en diversos medios de comunicación nacionales por haber desalojado por la fuerza a cientos de personas en situación de calle. El veto a la Ley de Emergencia Habitacional que suspendía los desalojos en propiedades estatales, las acciones represivas en la Villa 31 y el desguace del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), son algunos mojones del macrismo en materia habitacional. Lejos de ser una política aislada, la utilización del espacio público para generar negocios privados es una constante en la escena porteña pero también en la nacional donde la vivienda no es entendida como un derecho humano inalienable sino como una mercancía.
Debajo de una vidriera donde conviven soldados de plástico con barbies vestidas de princesas, una mujer y un hombre se acomodan sobre mantas para pasar la noche. Tienen dos hijos de unos 3 y 6 años a los que acuestan en un colchón reciclado de la basura. Cuando cae la noche, las galerías de los cines, las veredas debajo de las autopistas, las plazas y los parques sirven de refugio para la gente que se ha quedado sin vivienda. En dos años, la población porteña que vive en la calle pasó de dos mil a 20 mil personas, según informes de la Defensoría del Pueblo.
Los diferentes gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires (Caba) han demostrado, desde hace décadas, desidia e irresponsabilidad en las políticas habitacionales.
Pero con la administración de Mauricio Macri, la indolencia se convirtió en mano dura. En octubre de 2008, el Intendente de la ciudad firmó un decreto para crear la Unidad de Control del Espacio público (Ucep). Este organismo ha sido denunciado en la Defensoría del Pueblo, en medios gráficos y en la propia Legislatura de la ciudad por el abuso de poder contra las personas que habitan estos espacios sin demasiadas perspectivas superadoras. Según las denuncias, cientos de personas han sido echadas de los lugares donde vivían: edificios tomados, plazas, pasillos debajo de puentes y autopistas, veredas y parques.
Resulta imposible separar estas denuncias del avance de la lógica capitalista de producción del espacio y la escisión que se produce entre el espacio público y privado. Cualquier repaso a procesos como los de renovación de áreas urbanas deprimidas en términos socioeconómicos, evidencia la relación típica que entablan el Estado y el actor del negocio privado cada vez que se aborda la producción de un espacio nuevo o su renovación. El caso de Puerto Madero, corazón del poder económico porteño, presenta varios de estos elementos: patrimonio público deteriorado en el que el Estado interviene con la ejecución de un programa de infraestructura y mejora junto a un actor privado, decidido a hacer negocios en suelo fiscal con bajos costos de inversión (mejor dicho, costos subsidiados por el Estado para el negocio privado) y altísima rentabilidad. Es decir, actor público estatal y actor privado están en íntima relación para garantizar el desarrollo de una actividad privada con el costo directo de la pérdida de suelo estatal−público y el costo indirecto del recambio de gente de menos recursos por otra con mayor capacidad adquisitiva. Menos pobres (que no sirven para los negocios) y mejor calidad visual para los nuevos habitantes. Lo único que se espera del espacio público es que reproduzca, en su propia dinámica, la segregación necesaria para que los negocios privados puedan sostenerse.
En este contexto, la política habitacional del gobierno macrista resulta elocuente.
Si la ciudad de Buenos Aires cuenta con un marco normativo como el de la Ley 341 (y sus modificaciones) que permite a familias sin vivienda organizarse para, colectiva y autogestionariamente, producir una solución habitacional enmarcada en procesos político−organizativos, el Gobierno de la Ciudad no parece haber atendido a su existencia. El veto a la Ley de Emergencia Habitacional que suspendía los desalojos en propiedades estatales, las acciones represivas en la Villa 31, el desguace del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), su profunda reducción de presupuesto y consecuente asfixia de los emprendimientos enmarcados en la Ley 341, el avance sobre la zona de la traza de la ex autopista 3 (ex Au3) en la que, desatendiendo la normativa específica vigente, se vienen operando desalojos encubiertos a través del pago de subsidios a las familias que allí habitan (los desalojos por vía judicial resultarían ilegales desde la sanción de la Ley de la ex Au3) son algunos mojones en un breve pero contundente repaso sobre la gestión del macrismo en materia habitacional.
Casi todas estas lógicas, que se encuentran en la base de las definiciones políticas del gobierno macrista, resultan más una continuidad que una ruptura con las políticas motorizadas por los gobiernos autodenominados progresistas de Aníbal Ibarra (cuyo gobierno resultó ser un gran desalojador de familias que habitaban edificios como el ex Padelai −ex Patronato de la Infancia− o el Eslabón de Lujo, y vetante de una ley similar de emergencia habitacional como la que hoy opera Macri) y de Jorge Telerman. Ambos gobiernos obstaculizaron la ley Autogestionaria (Ley 341) y los Programas de Viviendas Transitorias.
Otro ejemplo de la política habitacional de Macri, como la de gestiones anteriores, es la de los "pseudo hoteles". Aparente solución para situaciones de emergencia habitacional. El hotel se presenta como un nefasto caso de enmascaramiento de habitación permanente con pésimas condiciones de habitabilidad y recurrentes y sistemáticas prácticas discriminatorias para con niños y madres solteras cuyo acceso resulta, en numerosos casos, prohibido.
Por parte de las gestiones de gobierno, la política hotelera representa la garantía de un negocio privado para los dueños de los hoteles que han lavado la cara a sus edificios y, llamándolos hostels, posibilitan el cobro de 400 ó 500 dólares por habitación, en lugar de los 400 ó 500 pesos que el Gobierno venía pagando a los hoteleros en el marco del programa que así lo dispone.
Otro ejemplo elocuente es el del Barrio Huracán (en Parque Patricios, Pompeya y Barracas). En 2008, más de 400 familias en situación crítica de hábitat ocuparon tierras en ese barrio, adyacente a la Villa 21−24, propiedad del Estado Nacional. Las familias fueron desalojadas por el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe) y las tierras fueron transferidas a sectores de la Unión Industrial Argentina (UIA).
En enero de este año, seis hermanos de entre 1 y 13 años murieron cuando se incendió el edificio de un ex Banco del barrio porteño de La Boca donde vivían ocho familias. En ese momento, Olga Fernández, integrante de una cooperativa de viviendas del barrio, dijo a los medios: "Hay un promedio de tres incendios por día en La Boca. Esto se podía haber evitado, pero gestionando, haciendo lo que tienen que hacer: gobernar para la gente, no para las empresas, no querer extender Puerto Madero hasta La Boca y entonces que se quemen todos, como está haciendo Macri".
En lo que a la política local para el espacio público se refiere, parece ser que si el problema sectorial habitacional no se aborda satisfactoriamente, no será así para con el problema de la calidad visual y "normal y ordenado uso" del espacio público. Es decir, si los pobres no resultan expulsados como resultado no buscado de procesos socioeconómicos centrados en las ya clásicas acciones inmobiliarias, tal como viene sucediendo en zonas como las de los barrios de La Boca, Barracas y San Telmo, el gobierno de Macri ha puesto en marcha la política del palo y a la bolsa cada vez que a las miles de personas en situación crítica de hábitat se les ocurra hacer uso del espacio público para dormir y habitar.
Desde Buenos Aires,
Gabriela Jeifetz
|
| AméricaXXI | |
 |