Crisis habitacional: la inversión pública como antídoto
Derecho al hábitat y a la ciudad
Construcción: aunque Uruguay tiene 600 asentamientos irregulares y 15 personas por día se suman a las 250 mil que viven en ellos, la inversión en la vivienda no es prioridad para el gobierno frenteamplista, como tampoco lo fue para las administraciones pasadas. La experiencia de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) demuestra que existen los recursos para invertir en vivienda y comenzar a combatir el déficit habitacional heredado. 40 años después de su nacimiento, pueblos y gobiernos de América Latina han tomado la experiencia de las cooperativas uruguayas. El autor de esta nota es integrante de la Dirección Nacional de Fucvam.
En Uruguay hay casi 600 asentamientos irregulares y 15 personas por día se suman a las 250 mil que ya viven ellos. El país tiene un déficit de 80 mil viviendas. Aún así, para el actual gobierno como para las administraciones pasadas, la inversión en vivienda no es prioridad.
Si bien el Gobierno anunció tiempo atrás que mantendría alguna de las inversiones previstas en obras e infraestructura, el ingeniero Benjamín Nahoum, especialista en temas de hábitat y asesor de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, escribió en el semanario Brecha del 16 de enero que "la construcción tiene en nuestro país una capacidad ociosa que se incrementó al concluir algunas obras importantes y aunque los recursos existen, no se destinan preferentemente a estos fines".
Los asentamientos son sumamente precarios, carecen de los servicios básicos y, en general, cuentan con muchos jóvenes y niños.
El Gobierno heredó un programa llamado Plan de Integración de Asentamientos Irregulares (Piai) y continuó con la política de regularización. Es decir, en vez de construir viviendas dignas para la población de bajos recursos regulariza lo irregular.
De Souza, sostuvo el 18 de febrero, que "regularizar una vivienda en un asentamiento produce una solución habitacional pero no ayuda a bajar los alquileres ni reduce el déficit; comprar una vivienda usada produce una solución habitacional pero no genera empleo y, a su vez, estas dos formas alimentan la especulación financiera inmobiliaria y sus ganancias".
El gobierno frenteamplista está preso en sus propias contradicciones y ello impacta en los sectores más pobres. La inversión asignada al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) fue exigua y para saldar un debate interno en torno a la asignación de dinero para la educación, se la recortó en unos 6 millones de dólares.
Por otra parte, y en funcionalidad con la ausencia de inversión, pasó mucho tiempo en diseñar algunos instrumentos y reglamentaciones.
Reestructuró el Banco Hipotecario (BHU) en consonancia con exigencias de organismos de créditos multinacionales y creó la Agencia Nacional de la Vivienda (ANV), pero recién ahora parece que comienzan a caminar estos organismos; no sin idas y vueltas y mucha improvisación. Es cierto que el Gobierno tomó un Banco desmantelado y fundido, pero no es menos cierto que prescindió de las opiniones de actores vinculados al tema.
La experiencia de Fucvam, un factor diferencial
Distintos analistas, políticos incluso del propio Gobierno y organizaciones sociales como Fucvam y Pit−Cnt, señalan que hay recursos para invertir en vivienda y comenzar a combatir el déficit habitacional heredado.
Para poner en contexto la verdadera emergencia que se vive es útil señalar que desde la creación del Ministerio de Vivienda en plena década de 1990, que expulsó a un millón de personas a la pobreza bajo la sinfonía de los organismos financieros internacionales, se construyeron sólo 90 mil viviendas, de las cuales 3.850 se hicieron mediante el sistema cooperativo.
En 1968, Uruguay creó, para reactivar una industria constructiva paralizada, la Ley de Vivienda y Urbanización. La Ley incorporó la modalidad cooperativa y le dio al Estado, entre otras competencias, el papel de financiador. Bajo el paraguas de esta Ley y una organización gremial de trabajadores (Fucvam), más de 20 mil familias han resuelto el problema de la vivienda construyendo ciudad y ciudadanía, fruto de la visión de técnicos y trabajadores.
El modelo de vivienda cooperativa impulsado por Fucvam se asienta sobre tres pilares conceptuales: la autogestión, la ayuda mutua y la propiedad colectiva.
Un documento de la cooperativa de mayo de 2006 señalaba que, si "por ejemplo, se construyeran 500 viviendas cooperativas, con una inversión que sería del orden de unos 15 millones de dólares, sólo de IVA sobre materiales se recaudarían alrededor de 1,5 millones de dólares". Por otra parte se crearían dos puestos de trabajo por vivienda.
Pero las bondades que conlleva el sistema cooperativo de vivienda por ayuda mutua, inserto en todo el país, no se agota en lo anterior. En Uruguay las cooperativas de vivienda generan poder en la gente: son verdaderas escuelas de democracia y participación. Al crear comunidades, estructuran verdaderas redes sociales que interactúan con el territorio de implantación. Así, sus instalaciones, policlínicos, bibliotecas, escuelas, gimnasios, salones comunales, están al servicio de los vecinos.
Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua de Fucvam han atravesado por distintas situaciones y hoy, 40 años después, siguen fortaleciéndose.
Pueblos y gobiernos de América Latina han tomado la experiencia de las cooperativas uruguayas.
Apelar a la construcción de vivienda tiene un doble efecto: por un lado abatir los fortísimos déficits habitacionales que tienen nuestros países y por otro lado aligerar o morigerar la actual crisis capitalista. Ya sabemos en América Latina que crisis es sinónimo de pobreza, exclusión social, violencia y privaciones de los sectores más vulnerables y con menos resguardo.
Desde Montevideo,
Darío Rodríguez Techera
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