La protesta se intensificó a lo largo de tres semanas. El reclamo incluyó necesidades actuales y demandas históricas.

Desconcierto: la movilización regional y social de Potosí sorprendió por su magnitud y por las características de las demandas. Las dificultades del gobierno para resolver y encauzar la crisis, que se extendió por tres semanas, pusieron en entredicho la relación entre las autoridades y las bases sociales populares, y entre las propias acciones gubernamentales cuando implican afectar intereses de las transnacionales. Para el Ejecutivo las demandas fueron manipuladas por la derecha.

 

Una asamblea de pobladores de la región de Potosí decidió, el 16 de agosto, levantar las protestas contra el Gobierno del presidente Evo Morales. Un trabajoso acuerdo dejó atrás 19 días de huelga general y bloqueos de carreteras, al cabo de los cuales se abrieron importantes grietas dentro de la estructura del oficialismo, que hace un año obtuvo allí casi un 80% de los votos.

Potosí estuvo paralizado casi tres semanas por una la huelga que fue ganando en intensidad y adhesión y que, incluso, recogió el apoyo de varios dirigentes partidarios de Morales. El jefe del Estado rechazó acudir personalmente a dialogar si antes los huelguistas no deponían sus acciones, una condición que los manifestantes nunca aceptaron. Las negociaciones se iniciaron el 14, en Sucre, con cinco ministros del presidente, pero sin levantar las protestas.

Los potosinos reclamaban, entre sus exigencias, una solución a un problema limítrofe con la región vecina de Oruro, proyectos de infraestructura, la preservación del Cerro Rico de Potosí y la mejora de la rentabilidad minera.

 

Nuevo escenario

Los conflictos, demandas y luchas de los sectores sociales y regiones empobrecidas, como los de Potosí, marcan un nuevo momento coyuntural en la sociedad boliviana. Veinte días de crisis pusieron a prueba las contradicciones que se presentan entre las reformas institucionales superestructurales y las políticas económicas ejercitadas.

Este nuevo escenario emerge después que el gobierno de Evo Morales y las fuerzas populares que lo respaldaron consiguieran desbaratar y derrotar totalmente a la oposición política neoliberal, conservadora y oligárquica, en 2008 y 2009.

La poderosa movilización regional y social de Potosí ha puesto en entredicho los mecanismos organizativos y de relación entre las autoridades y las bases sociales populares. Además, pone en contradicción las propias acciones gubernamentales frente a requerimientos que implican afectar los intereses económicos de las transnacionales y adoptar políticas orientadas a resolver la desigualdad social y la pobreza.

El conflicto de Potosí se fue radicalizando paulatinamente. Rápidamente se advirtió que a las demandas sectoriales de indígenas, comunidades, ayllus, informales, comerciantes y regiones, se sumaban sectores que siempre fueron el baluarte del proceso de transformaciones que vive Bolivia. Es el caso de la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, que piden al Presidente del Estado el cambio de ministros que no responden a las expectativas mayoritarias.

 

Demandas potosinas

La historia de Potosí es la historia de la explotación colonial y semicolonial de sus riquezas mineras que fueron muy importantes en el proceso de la revolución industrial y la consolidación del capitalismo europeo. Sin embargo, la ciudad y la población sufrieron abandono y pobreza desde el momento que se fueron agotando los yacimientos mineros de plata y otros minerales.

En el conflicto que comenzó a fines de julio pasado, la demanda de las organizaciones de la región, encabezadas por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), establecía varios puntos: construcción de un aeropuerto; construcción de carreteras prioritarias; puesta en funcionamiento de la Planta de fundición de minerales de Karachipampa; compromiso de asegurar los ingresos regionales de los recursos del Salar de Uyuni; mejora de ingresos por la actividad de las transnacionales mineras; cuidado del Cerro Rico que presenta peligrosos hundimientos; instalación de una fábrica de cemento y delimitación de la frontera con Oruro.

El último punto se convirtió en el más delicado, porque comunidades campesinas de Oruro y Potosí se disputan los yacimientos de caliza, materia prima para el funcionamiento de una fábrica de cemento que el gobierno comprometió a Oruro, hecho que podría generar enfrentamientos violentos. A su vez, los potosinos reclaman el derecho de aprovechar económicamente los gigantescos yacimientos de litio del Salar de Uyuni, de alto valor estratégico, sobre los que el gobierno negocia con varias empresas y gobiernos interesados, como los de China, Japón, Corea, Rusia, Francia, Venezuela y Brasil.

En relación a la Planta de Karachipampa, su funcionamiento ha quedado paralizado por el abandono de una empresa y ahora el Gobierno deberá asumir la responsabilidad de ponerla en acción y mantener a los trabajadores en peligro de despido. Sobre las carreteras y el aeropuerto, los cívicos demandan el compromiso del Ejecutivo de concretar inversiones para su realización. Y sobre el Cerro Rico se planteó realizar operaciones para evitar su hundimiento, considerando que se trata de un patrimonio de la humanidad.

Asimismo, se pidió que las transnacionales Sumitomo de Japón, que explota la mina San Cristóbal, la más grande de Bolivia; y la Cour Dalene de Canada, que explota la mina San Bartolomé, paguen impuestos acordes a las millonarias ganancias que consiguen.

 

Desarrollo del conflicto

El Presidente de Comcipo, Celestino Condori, manifestó que las demandas fueron planteadas hace varios años, pero que el gobierno no dio respuestas. Agregó que los ministros que rodean al presidente Evo Morales impidieron que el mandatario se reúna con el Comité para buscar soluciones.

Las autoridades minimizaron el conflicto pese a la huelga general y a la toma de caminos, y manifestaron que no iban a negociar en la misma ciudad de Potosí. Las organizaciones sociales solicitaban la presencia del jefe de Estado, considerando que había conseguido un apoyo de casi el 80% de votos de la población potosina.

La estrategia del gobierno de esperar a que disminuyera la presión no logró el efecto deseado. Por el contrario, las acciones se radicalizaron y la movilización creció paulatinamente hasta alcanzar niveles de acción y violencia que afectaron a miles de vehículos, inclusive de tráfico internacional, y dejar una decena de heridos el 15 de agosto. Los ministros encargados de abordar el problema, Carlos Romero de Autonomías y Oscar Coca de la Presidencia, calificaron a las demandas como una manipulación de la derecha y la Embajada de Estados Unidos.

Finalmente, se aceptó la negociación en la ciudad de Sucre, aledaña a Potosí. En medio de fuertes choques verbales y amenazas se abrieron caminos de solución sobre la base de la aceptación, por parte de las autoridades, de las demandas de la población de Potosí. Después de veinte días de conflicto, los líderes de la huelga regresaron a su ciudad y fueron recibidos como héroes.

 

La conducción política

Las autoridades manifestaron que el conflicto fue innecesario porque hacía varios meses que habían dado respuesta positiva a esas demandas. Por eso, consideraron que el conflicto fue digitado por intereses ajenos al pueblo potosino.

El exceso de demandas sobre el Gobierno y su reducida capacidad de respuesta se han manifestado en otros casos durante los últimos meses. Los indígenas del oriente (Cidob) realizaron una marcha de varios días; los habitantes de Caranavi demandaron la instalación de una planta transformadora de cítricos y, en Uncía, los comunarios ejecutaron a cuatro policías tras acusarlos de extorsionadores, en una región vecina a Chile donde se realiza contrabando de vehículos y narcotráfico.

El MAS, que no pudo contener la protesta, sufrió las consecuencias internas de esta crisis. Diputados del oficialismo pidieron revocar el mandato de tres legisladores del partido que se sumaron a una huelga de hambre y a otras protestas de dirigentes potosinos. El Presidente negó que el partido se haya fracturado, pero llamó “traidores” a quienes prefirieron “cuidar su imagen personal” y “quedar bien ante su región”, en lugar de de poner “primero a la patria”.

Este enfrentamiento entre las propias fuerzas que respaldan a Evo Morales afectó la imagen y el apoyo al Presidente del Estado. También abrió una situación de expectativa en otros sectores y regiones del país que buscan obtener sus demandas, en el marco de las autonomías departamentales, regionales e indígenas, y ponen en riesgo la estabilidad y el respaldo mayoritario que ha recibido el gobierno en estos últimos seis años.

                            Desde la Paz, Eduardo Paz Rada