Año VIII
Número 65 – Septiembre 2010
Número 65 – Septiembre 2010
La corrupción pone a prueba la relación del gobierno con las Fuerzas Armadas
Escándalo: las Fuerzas Armadas uruguayas encallaron contra la punta de un témpano de corrupción que emerge de un gigantesco bloque de impunidad, heredado de la última dictadura. La renuncia del comandante en jefe de la Marina y el pedido de procesamiento de su antecesor junto a un grupo de oficiales navales, sólo sería el comienzo de la investigación a cargo de un juzgado especial contra el crimen organizado.
La política de acercamiento que el presidente uruguayo José Mujica había intentado sostener con las Fuerzas Armadas de su país tras asumir el gobierno el 1º de marzo de 2010, ha tenido un inesperado giro ante una crisis militar determinada por los hechos de corrupción en la Armada, que pueden salpicar a las fuerzas de aire y tierra.
Mujica ha intentado manejar con sutileza el relacionamiento del gobierno y los militares ante los antecedentes de enfrentamiento que su sector dentro del Frente Amplio, el ex guerrillero Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T), tuvo con las fuerzas armadas en los años sesenta y setenta, antes del golpe de Estado de 1973 que perpetuó una dictadura militar hasta 1985.
Lo que surgió como una denuncia “anónima” en el despacho del Ministro de Defensa, Luis Rosadilla, derivó en el traslado de la causa a la justicia penal. La rápida indagatoria por parte de la jueza Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero del juzgado contra el crimen organizado determinó el encarcelamiento de un grupo de militares por delitos de corrupción.
Las “señales” de Mujica habían sido correspondidas con gestos militares como la “devolución” de una bandera tupamara, que la Fuerza Aérea había “capturado” durante una acción represiva, o con la reciente visita del ministro Rosadilla al Círculo Militar, invitado por la directiva presidida por el general (r) Ricardo Galarza, quien propuso saldar “viejas cuentas” y “construir hacia el futuro”.
La relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas había provocado duras críticas de grupos del propio Frente Amplio y organizaciones de derechos humanos que reclaman a Mujica continuar investigando los crímenes de lesa humanidad de la dictadura y seguir las excavaciones para hallar los restos de un centenar de desaparecidos que pueden encontrarse en unidades militares.
Comandante… “¡Hundido!”
Uno de los oficiales implicados en la corrupción, el teniente de navío Ernesto Menafra, procesado por el delito de peculado, era el sobrino del propio comandante en jefe de la Armada, vicealmirante Oscar Debali, quien se vio obligado a dimitir y fue subrogado en forma transitoria por el contralmirante Hugo Viglietti, quien quedó a cargo del despacho naval.
La indagatoria llevó al encarcelamiento del capitán de navío Alvaro Bacqué, responsable del área financiera del Ministerio de Defensa Nacional, quien estaba implicado en una estafa con vales de combustible de la empresa estatal Ancap por unos 350 mil dólares. También terminó en prisión un jerarca de inteligencia policial que alertó a Bacqué de la investigación judicial.
Otro de los oficiales procesados, el capitán de navío Gerardo Feble, jefe de la División Logística del Estado Mayor naval, dijo que actuó por “obediencia debida”, ya que la maniobra se hacía por orden verbal del ex comandante en jefe de la Marina, Juan Fernández Maggio y del ex jefe del Estado Mayor y actual comandante de la Flota Naval, Manuel Burgos, quien permitió la compra simulada de una grúa hidráulica.
La fiscal del crimen organizado, Mónica Ferrero, terminó por pedir el procesamiento del propio ex comandante Fernández Maggio, junto a los oficiales Danilo Damonte (Planeamiento y Presupuesto Naval), Alberto Márquez (Servicios de Aprovisionamiento) y Pablo Da Costa (Dirección General de Material Naval).
A la vez, dos empresarios, Daniel y Gustavo Trocki, se refugiaron en Israel cuando se comprobó que una cuenta a sus nombres en la filial de Nueva York del banco Hapoalim estaba asociada a una empresa “fantasma” alemana (Swwk Motoreang) a través de la cual se simuló una compra por U$S 400.000 para la Armada.
Los hermanos Trocki ya habían sido intermediarios en 2007 en la venta a la Armada de 16 lanchas patrulleras por U$S 6.200.00 para los efectivos uruguayos enviados a la misión de paz de la ONU en Haití. La compra quedó también bajo sospecha de que se haya pagado sobreprecios por las naves, cuando otros barcos de mejor calidad y precio eran ofrecidos por una firma rusa.
Todos bajo sospecha
Debajo del proceso judicial se esconden, sin embargo, otras luchas e intereses de las que no son ajenas logias y sectas que desde siempre han dividido fuerzas dentro de la Armada uruguaya. Llama la atención que el ex Fiscal General de la Nación, Miguel Langón sea el abogado del oficial Damonte, o que otros defensores cotizados como Amadeo Otatti y Mario Spangenberg defiendan al ex comandante Fernández Maggio.
Fernández Maggio, quien fue agregado militar en Estados Unidos y ocupó el cargo de Prefecto Nacional Naval, había asumido como Comandante de la Armada en febrero de 2006, designado por el entonces presidente Tabaré Vázquez, y dejó su cargo al pasar a retiro en febrero de 2010. Fernández Maggio había sustituido a Tabaré Daners, implicado en actos de tortura.
La Armada uruguaya ya había tenido dos crisis a principios del milenio. En el 2000 sucedió el hundimiento del crucero “Valiente”, que chocó con un buque de carga. Murieron 11 marinos y varios oficiales fueron sancionados. En 2001 se produjo el robo de miles de municiones de un depósito y el suicidio de un oficial, lo que determinó la renuncia del entonces comandante Francisco Pazos.
También la Fuerza Aérea ha estado bajo la lupa de los organismos de contralor del Estado, por el manejo de fondos de la ONU por parte de los ex comandantes Enrique Bonelli y José Pedro Malaquín, Esos dos antecesores del actual comandante José Bonilla, también estuvieron implicados en violaciones a los derechos humanos cuando se desempañaban como pilotos de los aviones militares que trasladaron a Uruguay a medio centenar de desaparecidos en 1976 y 1978.
La Auditoria Interna de la Nación (AIN) también había detectado irregularidades en el Ejército según una fiscalización que encontró “errores” en la venta de explosivos, facturaciones, registros contables y contrataciones por parte del Servicio de Material y Armamento (SMA). En el local del SMA, junto al Batallón de Infantería Nº 13, funcionaba durante la dictadura el centro de torturas “300 Carlos”, conocido como “el Infierno”.
En 2009, la propia AIN también detectó manejos turbios en los fondos de dinero provenientes de las misiones de Paz de ONU en Haití y el Congo, en las que Uruguay participa con un importante contingente de efectivos. La auditoria constató irregularidades en la compra de equipos de comunicaciones, de los transportes Mowag adquiridos a Canadá y en el uso de los fondos para el pago del tratamiento oncológico en Estados Unidos de un alto oficial militar.
La impunidad heredada
Debajo de ese mar de corrupción, aparecen las consecuencias de la impunidad otorgada a los militares uruguayos desde la salida de la dictadura que sometió al país entre 1973 y 1985. El sistema político aprobó entonces una polémica ley de “caducidad de la pretensión punitiva del Estado” para que no pudieran ser juzgados quienes cometieron violaciones a los derechos humanos. Pero tampoco se investigó la corrupción que hubo en aquel gobierno de facto.
Entre los negociados de la dictadura –recuerda un trabajo del periodista Andrés Capelán- se ha denunciado la existencia de una “Operación Conserva” para la venta de carne enlatada uruguaya por la que se habría beneficiado el ex dictador general Gregorio “Goyo” Álvarez, hoy preso en una cárcel especial tras ser procesado por el traslado y desaparición de un grupo de exiliados uruguayos secuestrados en Argentina en 1977 y 1978.
También se denunció, sin que la justicia actuara, la existencia de “cajas negras” en la propia Armada uruguaya desde tiempos del dictatorial mando del vicealmirante Hugo León Márquez quien para esconder dinero malversado a sus camaradas del Ejército y la Fuerza Aérea, había abierto una cuenta secreta en el Riggs National Bank de Nueva York, el mismo banco en el que escondía sus depósitos el dictador chileno Augusto Pinochet.
Los negociados de la dictadura pueden implicar a civiles y políticos uruguayos si se indagara, por ejemplo, las operaciones que entonces realizó en el país la logia masónica “Propaganda Dúe” (P-2) a través de su líder, el mafioso italiano Licio Gelli. Estas operaciones se realizaron por intermedio del Banco Financiero Sudamericano (Bafisud), que quebró en forma fraudulenta a principios de los ochenta, como colateral del escándalo del Banco Ambrosiano, que manejaba los dineros del Vaticano.
La impunidad heredada de la dictadura se refracta hoy en la única derrota militar que las Fuerzas Armadas uruguayas están sufriendo en los últimos cincuenta años: la de la guerra contra la corrupción que les ha iniciado el actual ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, un ex guerrilero que los enfrentó con las armas en los años sesenta y, vencido, pasó nueve años en prisión.
Desde Montevideo,
Roger Rodríguez.
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