Correa en San Francisco durante la manifestación en apoyo a la democracia luego de la intentona golpista

Referendo:  el pueblo ecuatoriano decidirá si acepta o no 10 modificaciones legales –cinco de ellas constitucionales– propuestas por el Gobierno. Correa afirma la voluntad de aumentar el poder de decisión ciudadana y se apoya directamente en las masas. Si bien la popularidad del Presidente se encuentra en niveles altos, Alianza País muestra diferencias internas que incluyen rupturas y críticas. Cuestiones vinculadas al funcionamiento del sistema de justicia, la prensa, los Bancos y los juegos de azar, entre otros temas, serán puestos a consideración popular.

Es un hecho la consulta popular. El 7 de mayo el pueblo ecuatoriano acudirá a las urnas para votar a favor o en contra de 10 propuestas gubernamentales, cinco de ellas con carácter de enmienda constitucional. Así lo decidió el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que Rafael Correa firmara el Decreto Ejecutivo para su realización el pasado 21 de febrero. “La primera lucha fue para que no se le robe al pueblo el derecho de decidir en las urnas, la segunda será dar a conocer las preguntas y la tercera será para que el pueblo apoye con un Sí y poder sacar adelante las reformas tan necesarias para el país”, explicó el Presidente tras ratificar la iniciativa. El mandatario debió afrontar una fuerte oposición tanto de partidos políticos opositores como de medios de comunicación privados. Inclusive recibió críticas y provocó alejamientos dentro de Alianza País, base política del proceso de Revolución Ciudadana.

 

Correa lamentó la poca discusión y difusión del contenido de las 10 preguntas, todas ellas legitimadas por la Corte Constitucional en febrero con algunos cambios de forma. Desmintió que la consulta tuviera por objetivo controlar los tribunales de justicia y designar arbitrariamente a los nuevos magistrados, como se ha difundido por los medios de comunicación burgueses.

 

Las preguntas plantean reformas judiciales, la responsabilidad de la prensa y su independencia del poder financiero, la penalización del enriquecimiento privado no justificado, la prohibición de los juegos de azar, las corridas de toros y la muerte de animales dentro de las tradicionales peleas de gallos, entre los temas más destacados.

 

El Presidente denunció una amplia campaña mediática contra la Revolución Ciudadana, que cuestiona el fallo de la Corte Constitucional sobre la consulta popular y pretende desprestigiar a integrantes del Gobierno. “Verán la cantidad de dinero que van a poner la banca y los medios de comunicación corruptos en la campaña por el ‘No”, agregó tras prometer a la ciudadanía una explicación en detalle de cada pregunta sometida a consulta popular.

 

La realización del proceso implicará un costo de 22 millones de dólares, el trabajo de unas 30 mil personas y la instalación de dispositivos informáticos para la jornada electoral.

 

Respecto a la renuncia de los asambleístas Betty Amores, César Gracia y Washington Curz de la bancada del Movimiento Alianza País por discrepancia con la convocatoria a referendo, Correa dijo: “Es el momento de que se vayan todos los que se quieran ir”, y remató con enojo: “Toda revolución tiene traidores”.

 

El decreto firmado el 21 de febrero justifica cada una de las preguntas que se pondrán a consideración de la población.

 

 

Contenido y fundamentos

Caducidad de la prisión preventiva y aplicación de medidas cautelares sustitutivas; límites a los grupos financieros y mediáticos; sustitución del actual Consejo de Judiciatura y cambio en su integración, son los cinco temas que componen las preguntas con carácter de enmienda constitucional sujetas a referendo popular.

 

Con el espíritu de disminuir el índice de delitos, el Gobierno propone modificaciones sustanciales en el Poder Judicial. Argumenta que muchos delincuentes quedan en libertad gracias a las facilidades que existen para conseguir la caducidad de la prisión preventiva y pretende impedir tal posibilidad.

 

Desde la sanción de la nueva Constitución de Ecuador en 2008 no se ha nombrado un nuevo Consejo de la Judiciatura, necesario para la “reestructuración y renovación de la administración de justicia” según fundamenta el Decreto Ejecutivo firmado tras la aprobación de las preguntas por parte de la Corte Constitucional. Se propone la sustitución del actual Consejo por uno de carácter transitorio, en el marco de una “depuración de los servidores judiciales”.

 

Con el objetivo de que “los grupos financieros y de comunicación privados se dediquen exclusivamente a las funciones que como tales les corresponde, y no tomen parte en otro tipo de actividades ajenas a su objeto” se pretende establecer prohibiciones más claras para evitar conflictos de intereses y garantizar la independencia de estos sectores.

 

El enriquecimiento privado no justificado, la prohibición de los juegos de azar con fines de lucro y la matanza animales en espectáculos públicos, la regulación de las actividades y responsabilidades de los medios de comunicación y la tipificación del delito de incumplimiento de las obligaciones laborales por el empleador, son los restantes cinco temas que componen la consulta popular, todos ellos sin carácter de enmienda constitucional.

 

En primer término se propone que aquellas personas que se enriquezcan ilícitamente puedan ser juzgadas de igual manera que los funcionarios públicos. En segundo lugar se pregunta a la población si desea que Ecuador sea o no un lugar libre de casinos y casas de apuesta. También se busca la eliminación de la violencia en todas sus formas y el respeto de los derechos de los animales.

 

Sobre los medios de comunicación se pregunta al pueblo si está de acuerdo que la Asamblea Nacional apruebe una ley de comunicación que cree un Consejo para la regulación de la difusión y los contenidos que contengan “mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios” según se lee en el decreto firmado por Correa. Finalmente se consulta la voluntad gubernamental de sancionar como infracción de carácter penal el incumplimiento de las obligaciones laborales, como la de afiliar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a los trabajadores en relación de dependencia.

 

“Hay un problema grave que puede hundir a la República: la decadencia y falta de funcionamiento, la falta de probidad del sistema de justicia. Hay que dar eficacia y respuesta a ese problema”, aseguró Correa en enero. Ese parece ser el principal motivo de la consulta popular que será puesta a consideración de 11 millones de ecuatorianos en mayo.

 

 

Desde Quito,

con informes de Esteban Rodríguez G.