Grandes extensiones de tierra de alto rendimiento para la ganadería y la agricultura fueron vendidas o están en oferta para atraer al capital extranjero

Remate: el gobierno argentino presentó una ley para restringir el avance de la extranjerización de tierras, pero difícilmente la norma llegue a entrar en vigencia antes de las elecciones de octubre. Cada vez más porciones del amplio territorio argentino quedan en manos de capitales extranjeros. En muchos casos estas tierras tienen valor estratégico por los recursos naturales que contienen; en otros, por la alta productividad para el desarrollo agrícola, ganadero o pesquero. Comunidades indígenas y campesinas quedan atrapadas a menudo en estas ventas, que incluyen sus territorios ancestrales protegidos por ley, aunque el 99% de los fallos judiciales no contemplaron la propiedad comunitaria. 

Argentina tiene la octava superficie territorial más grande del mundo: 2 millones 780 mil kilómetros cuadrados, sin contar su plataforma marítima, las islas usurpadas por Gran Bretaña y el sector argentino de la Antártida. De estas 278 millones de hectáreas, más de 20 millones se encuentran en manos extranjeras y varios millones más se ofrecen actualmente para la venta, según la Federación Agraria Argentina. Todas tierras de gran valor para la agricultura o estratégicamente ubicadas en zonas donde hay recursos naturales no renovables, cada año más importantes para la humanidad y objeto central de las disputas intercapitalistas contemporáneas. Argentina posee una enorme riqueza precisamente allí donde el capital imperialista aumenta sus inversiones y compra extensos territorios.

 

Los dueños

American International Group (AIG) es la compañía estadounidense líder en seguros y servicios financieros. Fue rescatada en septiembre de 2008 tras recibir una suma superior a los 180 mil millones de dólares. En Argentina el grupo ya adquirió más del 8% de las tierras de la provincia de Salta. Junto a la finca Jasimaná poseen casi 1 millón 500 mil hectáreas según publicaron medios regionales. Otras 230 mil fueron cedidas al diputado y candidato a gobernador Alfredo Olmos, con el beneficio de no tener que pagar impuestos hasta 2021. La provincia ya tiene vendidas más de 2 millones 500 mil hectáreas según datos de 2008.

 

El mayor terrateniente privado del país es el grupo italiano Benetton, dueño de 900 mil hectáreas en la Patagonia argentina, donde se dedica a la cría de ovinos entre otras actividades. Benetton está presente en 120 países y produce más de 115 millones de prendas de ropa al año, con una facturación anual que supera los 2 mil millones de dólares. En el país enfrenta conflictos legales con las comunidades mapuches que reclaman parte de las tierras adquiridas por el grupo.

 

Douglas Tompkins, millonario estadounidense autoproclamado ecologista, posee 350 mil hectáreas en las provincias de Corrientes, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego. Varias de ellas las compró en la zona de los Esteros del Iberá en Corrientes, donde se encuentra el Acuífero Guaraní, una de las principales reservas mundiales subterráneas de agua dulce. El caso de Joe Lewis es similar: dueño de más de 100 empresas y de una de las fortunas más grandes en Gran Bretaña, posee 18 mil hectáreas en la provincia de Río Negro, que incluían el control al acceso del turístico Lago Escondido. Lewis prohibió la entrada al lago por nueve años, hasta que la justicia lo obligó a desistir.

 

En Mendoza, una de las provincias más pobladas del país, el diario Uno publicó el año pasado una investigación que demuestra que 500 mil hectáreas provinciales pertenecen a empresarios extranjeros. La mitad fueron compradas por capitales malayos. El resto es propiedad de italianos, franceses, holandeses, españoles, ingleses y estadounidenses, entre otros. La británica Nieves compró 145 mil hectáreas. En la provincia de La Rioja, también el año pasado, se conoció la compra de 200 mil hectáreas protegidas, por sólo 1 millón de dólares. Las tierras se ofrecían a la venta por internet.

 

Al noreste del país, la compañía forestal chilena Alto Paraná concentra el 6% del territorio de la provincia de Misiones: domina unas 172 mil hectáreas de tierras selváticas. Forestal Andina, también de capitales chilenos, concentra 26 mil hectáreas y enfrenta causas judiciales por la construcción de un terraplén en los Esteros del Iberá que impide el normal escurrimiento del agua.

 

En el Sur, Ted Turner, uno de los dueños de la cadena CNN, ya adquirió más de 55 mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego. Se dedica principalmente a la pesca de truchas. Al igual que Lewis, prohibió el libre acceso a un parque nacional en Neuquén, afectando a pobladores locales.

 

Otra zona fuertemente concentrada por capitales privados es la Cordillera de los Andes, donde los emprendimientos mineros poseen la concesión de millones de hectáreas, en una zona que representa la principal reserva de agua dulce del país. La amplia mayoría de los 403 emprendimientos mineros existentes se encuentran en manos de capitales multinacionales, según datos de la Secretaría de Minería de la Nación.

 

 

Desalojos y juicios

La venta de tierras ha generado enormes conflictos. Uno de los más importantes es el que provoca la entrega de territorios poblados al sector privado, principalmente allí donde habitan las comunidades indígenas. Poblaciones enteras han quedado incluidas dentro de estos millones de hectáreas que pasaron a manos extranjeras durante los últimos años.

 

La familia italiana Nettis Impianti, dueña de empresas mineras, petrolíferas y gasíferas, compró en La Rioja 418 mil hectáreas en la localidad de Jagué, incluyendo tierras habitadas. En Catamarca, el empresario estadounidense Peter Lee McBride adquirió 117 mil hectáreas, dentro de las cuales había 300 familias dedicadas a la producción agropecuaria. Estos son sólo dos de los 259 conflictos por la propiedad de la tierra relevados por la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y publicados en octubre último. Involucran casi 8 millones de hectáreas y afectan a 950 mil personas, principalmente campesinos e indígenas del Norte argentino. El total de juicios supera los 300 casos, si se incluyen los litigios de la zona Sur, donde la comunidad mapuche encabeza una larga lucha contra el grupo Benetton.

 

 

Leyes y realidades

Si bien la Constitución Nacional, la Ley 26.160 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo protegen la posesión ancestral de las tierras, en el 99% de los fallos judiciales primó el derecho a la propiedad privada y se desalojó a las poblaciones originarias por carecer de títulos de propiedad. La Constitución Nacional insta a “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos (…) la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Pero estos derechos se revelan insuficientes para que los pobladores originarios obtengan fallos favorables contra los grandes terratenientes.

 

“La intensidad de los conflictos territoriales aumentó en todo el país y tiene relación con el proceso histórico de expropiación de territorios de campesinos e indígenas, primero en función del enriquecimiento de un grupo de terratenientes y luego para consolidar el modelo de la agricultura industrial, parte de un modelo extractivo que se basa en el saqueo de los bienes naturales”, denunció Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (Mnci). El 89% de los conflictos existentes son posteriores al año 2000.

 

Las potencialidades productivas del territorio argentino, la existencia de recursos naturales no renovables, la ausencia de legislación restrictiva y los bajos precios de las tierras argentinas en el mercado mundial serían los principales factores del proceso de extranjerización de la tierra que sufre el país. Todo ello profundizado por una concepción netamente mercantilista del territorio y varios casos de corrupción evidenciados principalmente en los Estados provinciales y municipales, que han defendido a los empresarios inversores en la mayoría de los conflictos por tierras, contra las propias poblaciones locales. El negocio resulta sumamente atractivo para las autoridades gubernamentales de los distintos Estados y la burguesía local e internacional: unos venden lo que no les pertenece y otros compran barato lo que cuesta mucho más caro en el mercado mundial.

 

 

Respuesta gubernamental

El ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, declaró en agosto último que el gobierno nacional va a impulsar una ley para frenar la compra de tierras con capitales extranjeros en el país. El proyecto presentado por la diputada Diana Conti impone restricciones a escala municipal, donde puede haber hasta un 25% de tierras en manos de capitales extranjeros y hasta un 40% de ese total en manos de un único propietario. Según el Ministro, la propuesta sigue la línea adoptada por Brasil sobre la materia. Lo cierto es que la escala de restricciones permitiría que el fenómeno siga en aumento.

 

El proyecto de Conti, sin embargo, desliza una excepción que preocupa a las organizaciones sociales y productores agropecuarios que reclaman medidas para frenar el proceso de extranjerización. Las ONGs internacionales que acrediten “reconocidos antecedentes” en proyectos de protección y conservación de recursos naturales quedarían fuera del alcance de las restricciones. También los extranjeros propietarios de tierras con anterioridad a la sanción de la ley podrían eludir la regularización de su situación según esta norma.

 

Otras fuerzas políticas ya hicieron circular propuestas sobre la materia en ambas cámaras legislativas. La primera fue redactada por la Federación Agraria y presentada en 2002 en el Congreso. Propone la creación de un registro nacional de propietarios de inmuebles rurales y productores agropecuarios, entre otras medidas. Actualmente más de 10 proyectos similares esperan ser tratados en ese recinto.

 

Según el ministro Domínguez el proyecto oficial difícilmente llegue al Congreso antes de las elecciones presidenciales de octubre. Tampoco las distintas fuerzas opositoras tienen una propuesta sobre este tema crucial. Mientras tanto el remate de tierras sigue en aumento.

 

 

Desde Buenos Aires,

Ignacio Díaz

Hacia el monocultivo Entre 2003 y 2010 el área sembrada de soya pasó de 12,1 a 18,7 millones de hectáreas, es decir un aumento del 53%, mientras el trigo cayó un 41%, de 6,7 a 3,9 millones de hectáreas. En la acelerada reprimarización y degradación de la producción agraria, el 56% del área sembrada corresponde a la soya.

Concentración de la tierra En la región pampeana, la de mayor productividad, hay 80 mil propietarios. Sólo 1.250 de ellos concentran el 35% de la tierra, equivalente a unas 9 millones de hectáreas y los 50 principales dueños tienen 2 millones 400 mil hectáreas. Entre ellos, familias que poseen los campos desde hace un siglo, cuando se repartían las tierras usurpadas a los indígenas de esta región. La familia Pérez Companc posee 155 mil hectáreas en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Salta y Santa Fe; Bemberg, cuenta con 73 mil hectáreas en Neuquén, 60 mil en Buenos Aires y 10 mil en Misiones; Gómez Alzaga 60 mil y Anchorena 40 mil. Además, sólo el 4% de los productores soyeros producen el 60% de esta materia prima, la principal exportada por el país. En todo el territorio argentino el último Censo Nacional Agropecuario de 2008 contabilizó 60 mil productores menos que en 2002, aunque la expansión de la superficie agropecuaria explotada aumentó en 87,6%. Más tierra y menos propietarios. Cada año 10 mil productores pequeños y medianos venden o pierden sus tierras y migran hacia las ciudades.

Inversiones chinas Los capitales que con mayor fuerza han llegado durante los últimos años al país provienen de China. 23 provincias argentinas (la Capital Federal es el vigésimo cuarto Estado), reciben actualmente inversiones del país asiático. En Río Negro el gobierno provincial firmó en octubre un acuerdo con la empresa estatal china de alimentos Beida Yuang, para sembrar hasta 320 mil hectáreas de soya en 20 años. Los detalles de este compromiso todavía no fueron difundidos públicamente ya que el convenio “estaba siendo traducido” –informaron desde la presidencia– cuando fue solicitado por los propios legisladores de Río Negro. El gobernador Miguel Saiz aseguró que las tierras serán arrendadas y no vendidas, aunque aclaró que la empresa china negociará con los productores locales las formas de asociación. Este año se pondrá en marcha la primera parte del plan con la producción de soya en tres mil hectáreas, cedidas sin costo por las autoridades locales en el marco de una etapa de “experimentación”. La inversión china para la siembra en estas hectáreas sería de 20 millones de dólares y llegaría a 1.400 millones en 2030. También hay inversiones en arroz, trigo, maíz, girasol, cítricos y ganado en el resto de las regiones cultivables de Argentina. Inclusive emprendimientos mineros chinos se instalaron, y se instalarán próximamente, en la zona de la Cordillera de los Andes.