“La autonomía ahora no es sólo una forma de organizar la presencia estatal en el territorio sino también un modo de Estado mismo” explicó el ministro Carlos Romero

Contrapuestas entre sí, las constantes reivindicaciones étnicas y regionales, se transforman en luchas sectoriales que atentan contra la construcción de la plurinacionalidad. Son, además, un ejemplo cabal del desafío que enfrenta la nueva etapa de la Revolución. Uno de los pilares del Estado Plurinacional boliviano es la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, aprobada en julio de 2010. La iniciativa, que lleva el nombre de Andrés Ibáñez, en honor al líder de la “revolución igualitaria” de 1877, promueve una delicada convivencia institucional entre los Estados nacional, provincial y municipal y las naciones indígenas.

Carlos Romero, ministro de Autonomías, admite que se trata de “un problema complejo porque conviven cuatro niveles que definen políticas públicas” aunque reivindica que, a partir de la Ley de Autonomías, Bolivia está ante “una oportunidad histórica de construcción territorial”.

 

“Bolivia es una realidad muy heterogénea, desde el punto de vista económico, cultural y geográfico. Es un país que tiene como condición estructural la fragmentación. Históricamente los pueblos indígenas han existido divorciados del Estado y las regiones se han desarrollado también divorciadas del Estado”, explica Romero, abogado e investigador en temas constitucionales, agrarios e indígenas de tierras bajas y primer asambleísta constituyente del Departamento de Santa Cruz de la Sierra por el MAS.

 

 

A un año del nacimiento del Estado Plurinacional, ¿qué avances se han realizado tras la sanción de la Ley de Autonomías y Descentralización?

 

Este es un proceso que se desarrollará gradualmente durante muchos años, pero lo que se ha avanzado en este primer año es significativo. Este diseño reconoce a las entidades autonómicas potestad legislativa en temas exclusivos y potestad de co-legislación con el nivel nacional en competencias compartidas. Dar potestad legislativa a una entidad autonómica significa la ruptura del monopolio del poder político central, porque la legislación permite a las entidades autonómicas formular políticas públicas.

 

La asignación de competencias, básicamente en los indígenas, está dirigida a gestionar la territorialidad comunitaria y reproducir las instituciones culturales propias. En el caso de los municipios está dirigida a prestar servicios locales básicos, mientras que en un departamento está dirigida al desarrollo económico productivo regional.

 

La Ley Marco de Autonomías ordena la implementación de los cuatro tipos de autonomías, marca una ruta de construcción del pacto fiscal, define varios mecanismos de coordinación entre el gobierno central y las autonomías y desagrega veinte competencias que antes eran monopolizadas por el nivel central y las redistribuye.

 

Otro instrumento normativo fundamental son los Estatutos Autonómicos, que están pendientes de aprobación y deberán definir una estructura institucional-organizativa de los gobiernos autonómicos.

 

A partir de ahora tenemos que resolver el desarrollo con coordinación y con orientación política. Esto implica gestar acuerdos y consensos entre los pueblos, las regiones y el nivel nacional. Una coordinación programática que articule el Plan Nacional de Desarrollo con los planes de desarrollo de las autonomías.

 

El presidente Evo Morales planteó ante la Asamblea Nacional la falta de coordinación entre entidades autonómicas e inclusive la no ejecución de los recursos disponibles. ¿Cómo resolverlo?

 

Ocurre que las autonomías también fueron utilizadas por sectores de la oposición como una bandera de confrontación regional. El gobierno nacional ha reconducido el proceso autonómico. La autonomía ahora no es sólo una forma de organizar la presencia estatal en el territorio sino también un modo de Estado mismo. Las desconexiones tendrán que ser resueltas con pactos programáticos.

 

Las grandes iniciativas de las que nos ha hablado el Presidente –medio ambiente, crisis alimentaria, proyectos hídricos, diversificación económica e industrial– las debe llevar a cabo el Estado nacional en alianza con las gobernaciones y los municipios. Todos deberán entender que ahora estamos en el tiempo de la gestión pública, de la instalación del modelo de desarrollo que concibe la Constitución.

 

 

¿Está en marcha un plan alimentario nacional?

 

Tenemos una crisis alimentaria que algunos expertos ya habían anunciado en la década de 1970, debido la crisis ecológica y por un crecimiento poblacional que no se corresponde con la productividad. Hay que definir ejes estratégicos de desarrollo rural. La quinua es un ejemplo, porque tiene un gran mercado mundial, podría generar empleo familiar directo e incrementar el crecimiento económico del país en ese rubro. Allí podría construirse una alianza entre el gobierno nacional, los municipios altiplánicos y las gobernaciones de La Paz y Oruro. (NdeR: la quinua es un cultivo ancestral que se produce en la zona andina, utilizado como cereal debido a su alto contenido de almidón. Bolivia es el primer productor mundial).

 

Otro ejemplo es el desarrollo del trigo, ya que más del 50% de la demanda interna proviene de las importaciones. Podemos hablar del azúcar, que es un problema en estos días… siempre buscando el mismo equilibrio geopolítico.

 

¿Cómo avanzar cuando, por ejemplo, Santa Cruz importa alimentos de Brasil?

 

Necesitamos un cambio de actitud de algunos sectores de la oposición. En el caso de la gobernación de Santa Cruz, hay una concepción de la autonomía como un cheque en blanco para favorecer discrecionalmente determinados intereses corporativos con visión localista, abstrayéndose de un proyecto de Estado y de país. Hay que instalar ese debate con la adecuación de los Estatutos Autonómicos a la Constitución. Así se podrán rediscutir nuestras visiones de desarrollo histórico, para superponer lo común a lo corporativo. Esto requiere un cambio de actitud en estas élites conservadoras.

 

¿Los Estatutos serían una garantía para que las autonomías estén en correspondencia con la visión integral de país?

 

 

Sí, porque la autonomía no es un fin en sí mismo, sino un medio para articular a las regiones y los pueblos con el Estado y al mismo tiempo para el fortalecimiento de la construcción de estatalidad para encarar el desarrollo económico y social. Bolivia puede autoabastecerse y tenemos potencialidad y una geografía muy favorable para la diversificación de la producción alimentaria. Entonces ¿cuáles han sido los factores históricos que han impedido el pleno desarrollo humano? La excesiva concentración de tierras, la estructuración de los créditos agropecuarios, el tráfico de tierras… Son temas que el Gobierno ha venido tratando estructuralmente y ahora tiene una mejor situación para superarlo.

 

 

¿Hubo avances en la reforma agraria en este período?

 

A modo de ejemplo: los indígenas de tierras bajas habían accedido a 5 millones de hectáreas de tierra en toda la historia republicana y en este gobierno han llegado a 16 millones. Este tema ha sido elemento de disputa con las élites conservadoras, que entendían que la tierra era una cuestión que corporativamente les pertenecía, cuando en realidad la tierra responde a una política integral de Estado.

 

 

¿Cómo se compatibilizan las raíces culturales en los territorios indígenas con la visión de industrialización y tecnología?

 

 

En el país conviven tres sistemas económicos: el capitalista moderno, el mercantil urbano y el tradicional comunitario en áreas rurales. Los indígenas han alcanzado con su propio sistema económico grandes conquistas en materia de agricultura orgánica. El Estado debe fortalecer ese nivel de producción y regular el intercambio comercial para que sus procesos de comercialización no sean tan asimétricos como lo han sido siempre. El Estado también debe impulsar estos polos de desarrollo industrial, que responden a las materias primas de los mercados internacionales y en los cuales se deben generar alianzas con productores.

 

 

¿Cómo ven los procesos de unidad latinoamericana, la articulación de los movimientos sociales de distintos países por la soberanía alimentaria, el Alba y la complementariedad como criterio no capitalista?

 

 

Es un avance, uno de los más importantes en la historia de la humanidad. Es la concepción del siglo XXI; el socialismo del siglo XXI. En el caso boliviano el socialismo puede ser el Estado Plurinacional, en el caso venezolano el que están implementando. No tiene una fórmula única pero aprovecha las potencialidades y fortalezas de todos los países para gestar alianzas, conciben el desarrollo como la materialización de los derechos colectivos, afirmando a su vez la soberanía de los países. Contraria a la vieja concepción, donde teníamos una subordinación al Imperio,  dependencia económica y relaciones estrictamente comerciales. Estas nuevas formas de encarar la integración son una conquista porque se basan en la complementariedad, la reciprocidad, la solidaridad y sobre todo en la concepción de los derechos humanos.

 

 

C.C y A.A