Parque eólico Sierra de Caracoles, departamento de Maldonado

Planificación: políticas de largo plazo en el sector energético apuntan a profundizar el desarrollo económico y social del país en los próximos 20 años. Orientadas sobre cuatro ejes estratégicos, buscan también avanzar en la integración regional. Crecimientos destacados en materia de energía eólica, solar térmica, biomasa y biocombustibles demuestran la voluntad estatal de incorporar fuentes alternativas al petróleo y gas. El autor es subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay. 

Para asegurar el crecimiento de Uruguay, el gobierno de José Mujica apuesta a una política industrial, energética y de comunicaciones concertada con todos los actores sociales, para fortalecer y diversificar la estructura productiva e impulsar la infraestructura del país. Estos son los pilares fundamentales del proyecto de desarrollo nacional e integración regional que se inició en 2005 con el primer gobierno del Frente Amplio. En ese marco, la nueva política energética adquiere un valor estratégico.

Luego de seis años de evolución positiva de los indicadores económicos, entre los que se destacan niveles de inversión y empleo históricos, el gran desafío es consolidar el crecimiento con mayores niveles de bienestar y justicia social; sustentándolo en el fortalecimiento y la diversificación de la estructura productiva, una fuerte apuesta a la educación, proyectos de infraestructura y el avance del proceso de integración regional.

 

Uruguay está procesando una revolución de su matriz energética en silencio, como resultado de la introducción de las energías renovables con avances destacados en energía eólica, solar térmica, biomasa y biocombustibles; mientras se espera la instalación de una nueva central térmica y se busca concretar más proyectos suramericanos de integración y cooperación.

 

Los acuerdos regionales permitirán a Uruguay sumar la interconexión eléctrica con Brasil a la ya disponible con Argentina, multiplicar la disponibilidad de gas con una planta regasificadora que se proyecta para ser instalada en el actual período de gobierno, avanzar en el intercambio energético con Paraguay y Bolivia, y profundizar los acuerdos de cooperación con Venezuela, que han sido favorables tanto para el suministro de petróleo al país como para abrir a las empresas públicas del Estado nuevas perspectivas de cooperación.

 

La actual política energética tiene una visión de largo plazo (2005-2030), concebida en el primer gobierno del Frente Amplio y concertada como política de Estado a través del acuerdo con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Su objetivo central es la satisfacción de las necesidades energéticas nacionales, a costos que resulten adecuados para todos los sectores sociales y que aporten competitividad al país. Se promueven hábitos saludables de consumo de energía, utilizando la política como un instrumento para desarrollar capacidades productivas y promover la integración social.

 

Para alcanzar este objetivo la política energética se sustenta en cuatro ejes estratégicos: institucional, oferta, demanda y social. El esquema institucional es diseñado y conducido por el Poder Ejecutivo junto a diversos actores. Se impulsa el desarrollo de empresas estatales modernas, eficientes y dinámicas (como la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, UTE, y la Administración Nacional de Combustibles, Ancap) para la aplicación de dichas políticas.

 

Los actores privados participan en la oferta de acuerdo a las condiciones definidas por el Poder Ejecutivo, contribuyendo al desarrollo productivo. La Unidad Reguladora de Servicios, Energía y Agua (Ursea) es la que reglamenta y fiscaliza aspectos de seguridad, calidad y defensa del consumidor a partir de los lineamientos definidos. Se considera fundamental que el marco regulatorio de todo el sector energético y de cada subsector sea claro, transparente y estable, brindando garantías a todos los actores (consumidores, empresas públicas y privadas).

 

El eje social promueve el acceso adecuado a la energía para toda la población, de forma segura y a un costo accesible, utilizando la política energética como instrumento para fomentar la integración social y mejorar la calidad de la democracia.

 

También se buscan mejoras en la demanda impulsando políticas de eficiencia energética en todos los sectores de la actividad nacional (industria, construcción, transporte, agro y hogares) y para todos los usos de la energía (iluminación, electrodomésticos y vehículos) mediante un  uso adecuado de los recursos energéticos, sin tener que disminuir los niveles de producción ni la atención de las necesidades cotidianas. Lo anterior implica generar un cambio cultural en relación a los hábitos de consumo a través del sistema educativo formal e informal.

 

Diversificación

Uruguay asumió como horizonte alcanzar el 50% de energías renovables en la matriz primaria de abastecimiento. El componente primordial de la nueva política consiste en la apuesta a la diversificación tanto de fuentes como de proveedores, para reducir costos, disminuir la dependencia del petróleo y fomentar la participación de fuentes energéticas autóctonas, en particular las renovables. Con ello se propicia la transferencia de tecnologías, el desarrollo de capacidades nacionales y se asume un compromiso con el impulso de las denominadas energías limpias, que preservan el medio ambiente.

 

La riqueza de los recursos naturales del país, las capacidades profesionales y técnicas de su gente, la voluntad política de avanzar en esa dirección, junto a la convicción de que en ese potencial radica gran parte de las posibilidades del país y de sus nuevas generaciones, hacen que los objetivos sean realizables.

 

A la larga experiencia de aprovechamiento de la energía hidráulica en grandes represas, como el emprendimiento binacional de Salto Grande (entre Uruguay y Argentina), se sumó el desarrollo de la energía eólica. Se ha evolucionado de una etapa experimental –transitada en el anterior quinquenio– que concluyó con la elaboración de un mapa eólico, gracias al importante aporte del sector académico, y la construcción de pequeños parques eólicos de 5, 10 y 20 megavatios (MW). Actualmente se proyectan 500 MW con licitaciones para la construcción de parques de mayor porte. La presentación en este primer llamado muestra proyectos que van desde 150 MW hasta casi mil MW.

 

Se apuesta a complementar estos parques con un aprovechamiento en pequeña escala del potencial eólico. Desde el año pasado Uruguay es el primer país suramericano que autorizó la interconexión de la red de microgeneración renovable, apostando al desarrollo conjunto de la de energía microeólica, solar y microhidráulica para el aprovechamiento de estos recursos en todo el país.

 

Otra línea de acción es la generación de energía a partir de biomasa, con ocho plantas instaladas y una meta de 200 mil MW que pretende alcanzarse con un aprovechamiento del 30% de los residuos agroindustriales y urbanos transformados en energía.

 

A partir de leyes específicas dictadas para su promoción comenzó a desarrollarse la energía solar térmica y de biocombustibles. Se confeccionó un mapa solar y se impulsó el reemplazo de calefones por colectores solares (de fabricación nacional) para el calentamiento de agua. También se iniciaron los primeros proyectos experimentales de energía solar fotovoltaica.

 

En materia de biocombustibles se concretó el proyecto de azúcar, etanol, biodiesel, energía eléctrica y alimentación impulsado por Ancap y Pdvsa en Bella Unión; y está en marcha un nuevo proyecto de etanol en base a granos en Paysandú.

 

Estos y otros proyectos, como la exploración y explotación de petróleo y gas offshore de Ancap, una nueva central térmica de ciclo combinado, la regasificadora o la interconexión eléctrica con Brasil, expresan la dimensión de las inversiones en el sector energético; y muestran la profundidad de los planes de una política de energías que, sustentada en la apuesta a la diversificación de la matriz y la cooperación regional, abre desafíos y perspectivas esperanzadoras para el desarrollo. Se reafirma así una agenda latinoamericana en la cual la inversión y la cooperación son puntos fundamentales del proyecto cada vez más posible y vigente de la integración regional.

 

 Desde Montevideo