Estudiantes y profesores chilenos denunciaron que en varios colegios de distintos puntos del país se produjeron expulsiones, intimidaciones y amenazas contra quienes participaron de las movilizaciones en favor de la enseñanza pública y gratuita que tuvieron lugar durante 2011.

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, especificó que unos tres mil estudiantes fueron expulsados de sus colegios y un centenar de maestros fueron sancionados por participar en las numerosas marchas y tomas de establecimientos contra el sistema educativo. Responsabilizó por esto a autoridades municipales y nacionales.

Detalló que además de las cancelaciones de matrículas de alumnos hay una política de despidos masivos a docentes y otras arbitrariedades en el pago de salarios, que afecta en particular a unos cuatro mil profesores. Acusó a los responsables de los colegios por llevar adelante prácticas antisindicales.

El Colegio de Profesores envió una carta al ministro de Educación, Harald Beyer, en la que manifiesta que “existen dirigentes estudiantiles y de otras organizaciones, que involucran incluso a su cartera en esta operación de carácter político y creemos importante que usted salga a aclarar lo antes posible estas versiones que circulan”.

Esta denuncia se produjo mientras la Cámara de Diputados de Chile debatía el llamado Proyecto de Fortalecimiento del Orden Público, conocido como “ley antitomas”. La iniciativa impulsada por el gobierno y rechazada por organizaciones sociales y sectores de la oposición, tipifica prácticas como la toma de colegios y de otras instituciones como delito, y responsabiliza a los organizadores de una protesta por los desmanes que se produzcan en ella.

El último colegio tomado por los estudiantes permaneció así hasta el 24 de enero, luego de siete meses de ocupación. Se trata del liceo Arturo Alessandri Palma de la comuna de Providencia. El Centro de Estudiantes de este establecimiento denunció la cancelación de 40 matrículas a estudiantes que participaron en la movilización.

En forma paralela, y tras duras críticas, el gobierno chileno retiró su propuesta de considerar a la dictadura de Augusto Pinochet como “régimen militar”, en textos y programas escolares, en lugar de utilizar el término “dictadura”. El titular de la cartera educativa aclaró que el planteamiento del Gobierno “nunca pretendió desconocer el carácter no democrático del régimen militar y las violaciones de los Derechos Humanos que ahí ocurrieron”. La dictadura que encabezó Pinochet comenzó el 11 de septiembre de 1973 con un golpe al entonces presidente socialista Salvador Allende y culminó en 1990, con un saldo de más de tres mil muertos y desaparecidos, más de 28 mil torturados y decenas de miles de exiliados.